En nuestro país, el Ministerio Público siempre ha sido una institución que ha generado polémica y desconfianza por las funciones que se desempeña, siendo la principal la de averiguar la comisión de delitos y en su caso ejercer la acción penal en contra de los probables responsables siendo con frecuencia su actuación considerada por la sociedad como insatisfactoria o sutilmente dicho “ineficientemente atendidas”
El doble papel que juega el Ministerio Público (por un lado como representante de la sociedad y, por otro, como representante del Poder Ejecutivo) debe de cambiar. Es fundamental separar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, que su única función radique en ser el guardián de los derechos y garantías de las personas, interviniendo en los asuntos de interés netamente público con estricto apego a la ley, nombrado desde luego por el Congreso y que éste sea inamovible y por otro lado, contar con un abogado general de la nación que sea dependiente del Presidente de la República, representando a la Federación y a sus dependencias en los juicios en los que funjan como parte.
Durante varios sexenios (aclaro no nada más los del PAN), los actos que motivan la intervención de la procuración de justicia son las arbitrariedades e injusticias imputables al titular del Poder Ejecutivo, permitiendo así que el doble papel desempañado haga sacrificar su misión más importante, garantizar los derechos de la sociedad por lo otros intereses propios del entorno político.
Desde luego que la independencia de ésta institución no puede ser la misma que tiene el Pode Judicial de la Federación (bueno, en teoría), pues las funciones de cada uno son muy distintas. La función de “juzgar” requiere de órganos jurisdiccionales que ejerzan sus funciones con independencia, sin doblegarse ante presiones de los otros poderes e incluso de sus superiores, debiendo emitir sentencias con base en la certeza que obtenga del análisis de los hechos controvertidos y en función del derecho aplicable. En cambio, las funciones del Ministerio Público, específicamente la de investigar delitos si bien “supone” su postura al margen de presiones o sugerencias de los otros poderes, también exige que actúen bajo la dirección de un superior jerárquico que le de unidad y coherencia a las labores de investigación, a fin de evitar lo que sucede actualmente, la realización de investigaciones arbitrarias, anárquicas, carentes de congruencia pero sobre todo, CARENTES DE JUSTICIA.
Es necesario impedir que el Presidente de la República designe en su período de gestión cuatro o cinco Procuradores Generales de la República, es evidente el entorpecimiento en el desempeño de las labores de investigación del Ministerio Público, que interrumpe el cumplimiento de los programas de trabajo y supone el relevo de los mandos medios y superiores en detrimento de los gobernados.
El verdadero problema que enfrentamos no está en la captura (necesaria pero no fundamental) de los narcotraficantes, está en la efectiva Procuración de Justicia, de nada, NADA sirve que se logre la captura de los delincuentes si al momento de consignar el asunto al Juez, éste los libera por la pésima integración de la averiguación correspondiente y esa integración se hace en función de múltiples intereses en los cuales no figura el “darle a cada quien lo que le corresponde”.
Presidentes de todos los colores han presentado la propuesta de dar autonomía al Ministerio Púbico, entonces: ¿Por qué no se ha aprobado ninguna de éstas iniciativas?, nuevamente saquen sus conclusiones…